Condenado a pagar 100.000 euros por talar un árbol que amenazaba su casa

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Un amante de la naturaleza, hombre de familia y padre de dos hijos, propietario de una casa con parcela rústica sita en el municipio de El Escorial, se vio en la tesitura de talar un árbol inclinado que ponía en peligro su hogar, cometiendo la terrible osadía de salvar la integridad de su inmueble sin enfrascarse en un prolijo y extenso proceso de petición de permiso administrativo. Para más inri y colmo del esperpento, el árbol estaba enfermo y tenía las ramas secas.

Una amigo aparejador del citado le recomendó talarlo lo antes posible

Un amigo aparejador del susodicho le recomendó derribarlo con la mayor presteza y premura. Éste le hizo caso de ipso facto y recurrió a otro de sus colegas que disponía de una máquina para echarlo abajo.

Dos policías municipales se presentaron en su casa, aceptaron tomarse un café, le pidieron amablemente disparar unas fotos al árbol talado y manifestaron que entendían perfectamente la decisión que había tomado

Al tiempo que demolían el enfermizo y amenazante árbol, un par de policías municipales que escucharon el estentóreo ruido se personaron en la casa, y el buen señor, con una exquisita educación y un paradigmático talante conciliador, les acogió en su propiedad sin pestañear y con la deferencia de invitarles a un café. Los agentes de la ley, aprovechándose de su bonhomía e hiperbólica amabilidad, le pidieron permiso para disparar unas fotos, a lo que recibieron una respuesta afirmativa, y apostillaron que comprendían perfectamente la decisión que había tomado.

Los agentes de la ley le dieron gato por liebre con su falsa comprensión y amabilidad

Aquellos policías municipales pecaron de una inclemente hipocresía cuando manifestaron que entendían que talase el árbol, ya que, alrededor de tres o cuatro meses después de que lo derribase, recibió una notificación de procedimiento de sanción de entre 100.000 y 500.000 euros por haberlo tirado abajo sin licencia.

Este nefasto suceso dio el pistoletazo de salido de un rifirrafe administrativo y judicial con duración de siete años y cuyo trágico desenlace condenatorio tuvo lugar el pasado mes de diciembre, en el momento en el que el Tribunal Supremo rechazó revisar la sentencia del juzgado contencioso-administrativo y ratificó la condena a pagar 100.000 euros de multa por infracción grave recogida en la Ley de 2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

Para colmo, presentó en el juicio un informe forestal, elaborado por un ingeniero agrónomo, que acredita que la finca estaba repleta de árboles enfermos que necesitaban ser talados con alarmante y parpadeante urgencia

Para mayor escándalo, los tribunales hicieron caso omiso del informe forestal, elaborado por un ingeniero agrónomo, presentado en el juicio, en el cual consta que la parcela estaba trufada de árboles enfermos que, por motivos de seguridad, eran necesarios de ser talados de manera perentoria e inminente.

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